La inteligencia artificial parece vivir en la nube, pero su expansión depende de edificios enormes, redes eléctricas, agua y miles de servidores funcionando día y noche. España quiere ordenar cómo se construyen y operan esos centros de datos justo cuando el país se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de Europa para esta industria. El choque está servido: el Gobierno defiende nuevas exigencias ambientales y de soberanía digital; las empresas temen que las reglas frenen inversiones millonarias.
La cifra que ha puesto el debate en primer plano es contundente. Las compañías del sector calculan que las nuevas condiciones podrían poner en riesgo inversiones de casi 67.000 millones de euros hasta 2030. Es una advertencia de la industria, no una cantidad ya perdida ni un cálculo independiente de proyectos cancelados. Aun así, ayuda a entender por qué el borrador del decreto se ha convertido en una pieza importante para el futuro de la infraestructura de IA en España.
Un borrador que busca poner orden al boom
El proyecto de real decreto fue presentado por el Gobierno en agosto y está pensado para centros de datos de más de un megavatio de potencia eléctrica. MITECO reconoce que España es atractiva por su ubicación, el suelo disponible y el peso de las renovables, pero también advierte de que el volumen de solicitudes supera ampliamente las necesidades previstas en la estrategia de IA nacional.
Desde 2021 se han concedido más de 12 gigavatios de derechos de acceso y conexión a la red para este tipo de instalaciones. Como referencia, la estrategia española estima alrededor de 2,5 gigavatios de potencia de computación para 2030, que requerirían entre 3,5 y 4 gigavatios de demanda eléctrica. Ojo: tener derechos o solicitudes de conexión no significa que todos esos centros estén construidos, financiados o vayan a entrar en funcionamiento. Precisamente, la distancia entre proyectos anunciados y capacidad que realmente puede conectarse es parte del problema que intenta ordenar la norma.
El requisito que más inquieta al sector: renovables hora a hora
La propuesta plantea que los centros cubran como mínimo el 80 % de su consumo con electricidad renovable mientras las renovables no superen el 90 % de la generación eléctrica nacional. Pero no bastaría con comprar certificados o compensar el consumo al final del año: el borrador propone acreditar esa energía hora a hora. En cada hora de actividad, al menos ese 80 % debería proceder de generación renovable producida en ese mismo periodo.
Además, la energía tendría que ser adicional. En la práctica, cada nuevo megavatio consumido debería ir acompañado de nueva capacidad renovable instalada, por autoconsumo o mediante contratos de compraventa de energía, conocidos como PPA. El proyecto habla de generación puesta en marcha durante los 18 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro. Es una diferencia importante: la intención es evitar que una infraestructura digital tire de la electricidad disponible sin contribuir a ampliar la oferta limpia.
El texto también propone requisitos de eficiencia energética e hídrica, dos asuntos que suelen quedar fuera de la conversación cuando solo se habla de chips y modelos de IA. Los centros necesitan refrigeración constante y pueden concentrarse en zonas con estrés hídrico o una red eléctrica ya muy solicitada. El borrador prevé que las instalaciones de más de un megavatio alcancen los niveles más exigentes del etiquetado europeo de eficiencia energética y de agua cuando entre en vigor; hasta entonces, fija criterios transitorios.
Soberanía digital: quién opera el centro y dónde se guardan los datos
El decreto no se limita a electricidad y agua. También incorpora condiciones de resiliencia y soberanía digital: la empresa que opere la infraestructura y controle los datos asociados tendría que estar sujeta al derecho de la Unión Europea; determinados datos operativos deberían permanecer dentro del territorio comunitario y habría que controlar los accesos desde terceros países.
La lógica es que los centros de datos son infraestructura crítica para servicios en la nube, administraciones, empresas y sistemas de inteligencia artificial. Si cada vez más actividad depende de ellos, el país quiere tener garantías sobre quién los controla y bajo qué marco legal funcionan. Para las empresas, en cambio, estas condiciones pueden añadir costes, complejidad y dudas sobre cómo se aplicarán a estructuras internacionales.
Aragón muestra la escala de la oportunidad
El dilema se ve con claridad en Aragón. Reuters calcula que la región podría atraer más de 60.000 millones de euros en centros de datos e infraestructura digital durante la próxima década. Amazon planea invertir 33.700 millones en servicios cloud e infraestructura de IA en la comunidad, mientras Microsoft también tiene proyectos de gran tamaño. Son cifras regionales y con un horizonte temporal distinto a los casi 67.000 millones que el sector dice que están en juego en España hasta 2030: no conviene sumarlas ni tratarlas como si midieran lo mismo.
El atractivo aragonés se apoya en la rapidez de los permisos, la disponibilidad de suelo y la energía renovable. Sus defensores dicen que agilizar trámites permite competir con otros polos europeos; quienes critican el modelo apuntan a que consultas públicas muy comprimidas pueden dificultar el escrutinio ambiental y la participación local. El caso de Aragón resume la pregunta de fondo: cómo captar inversión sin que los costes de electricidad, agua y territorio recaigan sobre quienes viven allí.
El reto de la red tampoco es menor. Reuters recoge que la capacidad de los centros de datos en España podría multiplicarse por cuatro hasta alcanzar 3,9 gigavatios en 2030, aunque la previsión está condicionada por la disponibilidad de conexiones, las temperaturas y el agua. Cerca del 70 % de los nudos de transporte eléctrico españoles ya no tendría capacidad disponible, según los datos citados por la agencia. Un centro anunciado puede tener capital y clientes potenciales, pero si no consigue conexión eléctrica o suministro estable, no pasa de proyecto.
La norma todavía no está cerrada
El Gobierno quiere llevar el decreto al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre, según la información publicada hoy por EL PAÍS. La CNMC ya aprobó su dictamen obligatorio y el siguiente paso es la valoración del Consejo de Estado. El expediente ha recibido más de 600 alegaciones y el texto final podría suavizar parte de las condiciones, incluida la exigencia de renovables. Por tanto, hablamos de una propuesta en tramitación, no de reglas definitivas que ya estén en vigor.
La industria sostiene que unos requisitos difíciles de cumplir pueden desplazar proyectos y reducir la inversión. El Gobierno, por su parte, defiende que la nueva demanda no debe encarecer la luz ni agravar la presión sobre recursos públicos, y que el país puede priorizar los proyectos que aporten más valor con menos impacto. Las dos preocupaciones son legítimas: perder inversiones también tiene un coste, pero atraer centros a cualquier precio puede trasladar sus efectos a la red, el agua y las comunidades cercanas.
La carrera por la IA suele contarse como una competición de modelos y chips. En realidad, también se juega en permisos, líneas de alta tensión, contratos eléctricos y decisiones sobre el uso del territorio. Si España encuentra un equilibrio, puede convertir su energía renovable y su posición geográfica en una ventaja real. Si no, corre el riesgo de atraer anuncios gigantescos que luego no se construyen, o de construir deprisa sin resolver quién asume el coste. El decreto busca responder a esa tensión; los próximos meses dirán si logra ordenar el boom sin apagarlo.
