La Fiscalía Europea (EPPO) investiga una presunta trama que habría comercializado más de un millón de teléfonos móviles usados como si fueran nuevos en distintos países de la Unión Europea. La operación, bautizada como «Troja», calcula un perjuicio de al menos 300 millones de euros para los consumidores y pérdidas de IVA superiores a 30 millones para varios Estados miembros.
La investigación apunta a una cadena internacional de montaje, transporte y venta por internet. Las autoridades realizaron más de 160 registros y actuaciones en 19 países y detuvieron a siete sospechosos. La causa sigue abierta: las personas investigadas se presumen inocentes hasta que exista una sentencia firme.
Teléfonos ensamblados con componentes usados y presentados como nuevos
Según la EPPO, la organización investigada habría ensamblado teléfonos con componentes usados en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos. Después, los dispositivos se limpiaban y empaquetaban para darles apariencia de nuevos y se enviaban a Países Bajos. Desde allí viajaban a almacenes en Alemania, antes de ponerse a la venta en plataformas online a clientes de toda la UE.
La Fiscalía no ha identificado públicamente en su comunicado las marcas, los modelos ni los vendedores implicados. Por eso, las cifras divulgadas describen la magnitud estimada de la presunta operación, pero no permiten determinar qué compradores o anuncios concretos estarían afectados.
Cómo habría funcionado el fraude del IVA
La causa también examina el uso de un régimen especial de IVA para bienes de segunda mano, conocido como régimen de tributación del margen. En términos generales, permite que el revendedor tribute por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, pero la EPPO señala que su aplicación está limitada a productos que ya habían soportado IVA.
La hipótesis de los investigadores es que empresas pantalla de Austria, Bulgaria, Alemania, Países Bajos y Suiza habrían aplicado ese régimen a ventas de móviles presentados como nuevos, aunque el impuesto debía calcularse sobre el precio íntegro. Según la Fiscalía, la práctica habría reducido indebidamente la factura fiscal y engañado a compradores de toda Europa. La investigación sitúa el presunto esquema en funcionamiento desde 2018.
La oficina de aduanas alemana ofrece una cifra adicional: estima que el perjuicio fiscal en Alemania ascendería por sí solo a, al menos, 25 millones de euros. Esa cantidad forma parte de la pérdida de IVA superior a 30 millones comunicada por la EPPO para varios Estados; no es una cifra que deba sumarse a ese total.
Registros en 19 países y siete detenciones
La operación movilizó a unos 1.770 agentes de policía, aduanas y organismos tributarios. Se realizaron más de 160 registros y actuaciones en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Estonia, Finlandia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España, Suiza y Países Bajos. También se tomó declaración a un testigo en Reino Unido.
Siete sospechosos fueron detenidos en Austria, Alemania y España, entre ellos las dos personas que la investigación considera presuntos líderes de la organización. En las actuaciones participaron autoridades nacionales junto con Europol y Eurojust. La causa se inició después de una denuncia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
Qué deben tener en cuenta los compradores
El caso pone de relieve que la apariencia externa y el embalaje no bastan para confirmar que un móvil se vende realmente como nuevo. Sin embargo, los comunicados oficiales consultados no publican un listado de modelos ni de comercios, por lo que no hay base para atribuir el caso a una marca o plataforma concreta.
Para quien compra un teléfono online, sigue siendo importante revisar quién figura como vendedor, cómo se describe el estado del dispositivo y qué condiciones de devolución ofrece la tienda. En este caso, la relevancia va más allá de una posible diferencia entre un móvil nuevo y uno usado: la presunta aplicación irregular del IVA habría permitido alterar el coste fiscal de las ventas y competir en condiciones distintas a las de vendedores que sí aplican las reglas correspondientes.
Por ahora, las cifras de daños y la descripción de la cadena comercial son estimaciones e hipótesis de una investigación penal, no hechos establecidos por una sentencia. La Fiscalía Europea continuará analizando las pruebas para determinar las responsabilidades individuales y el alcance final del caso.
